HISTORIA: La hora de Jefatura y Vesubio

No todo suceso histórico es pasado, no todos los acontecimientos que  sacuden la la conciencia de los pueblos ocurrieron tiempo atrás: estos juicios son historia y pertenecen a nuestros días.

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En Tucumán empieza el proceso a Luciano Menéndez y Antonio Bussi como responsables de la Jefatura de Policía. En los tribunales de Comodoro Py, desde el miércoles serán juzgados ocho represores por crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio.

Por Diego Martínez

Dos nuevos juicios a represores comenzarán esta semana. Mañana, en Tucumán, volverán a sentarse en el banquillo los condenados Luciano Menéndez y Antonio Bussi. Esta vez serán juzgados como máximos responsables de la Jefatura de Policía, en pleno centro de San Miguel, por donde pasaron cientos de secuestrados entre 1975 y 1979. Un día después, en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF-4), que acaba de instruir el juicio por la tragedia de LAPA, comenzará a juzgar a tres militares y cinco penitenciarios, encabezados por el coronel retirado Pedro Alberto Durán Sáenz. Están acusados por ciento cincuenta casos de secuestros, torturas y homicidios en Vesubio, uno de los mayores centros de tortura del área metropolitana, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército.

Menéndez estuvo internado una semana en el Hospital Militar de Córdoba con un cuadro de neumopatía aguda, pero fue dado de alta el viernes y para hoy está previsto su traslado a Tucumán. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército suma tres condenas a prisión perpetua, incluida una en Tucumán junto a su ex subordinado Bussi, dos años atrás, por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. A diferencia de Menéndez, que purga en una cárcel las penas por sus crímenes en La Perla, el ex gobernador condenado por magistrados de su provincia goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.

Los otros cinco acusados son el general Alberto Luis Cattáneo, que era el segundo de Bussi, más el jefe de policía, coronel Albino Mario Zimmerman, y tres agentes de la provincia: Roberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) o Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. Los dos militares, con arresto hogareño igual que Albornoz, cumplieron la mayor parte de su prisión preventiva en su hábitat natural, el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hace tres décadas gestionaban otro centro de torturas. Los hermanos De Cándido, excarcelados, enfrentan situaciones distintas. Luis integraba el SIC, actuaba en Jefatura, fue reconocido por sobrevivientes y vivió hasta 2004 en la casa de una de sus víctimas. Carlos no tendría relación directa con secuestros, pero será juzgado por encubrimiento y usurpación: también se quedó con una casa robada.

Según los querellantes, existen más de treinta represores identificados que actuaron en Jefatura, cuyas indagatorias solicitaron hace tres años y que aún no fueron citados por el juez federal Daniel Bejas. De mantenerse el actual cuadro de impunidad, el próximo juicio tucumano, por crímenes en el ex Arsenal, tendrá a los mismos imputados.

Del centenar de desaparecidos que pasaron por Jefatura, el juicio incluirá 21 casos, más el de una sobreviviente ya fallecida. Las principales audiencias serán transmitidas por el Canal 10 local, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. “La universidad no puede ni debe estar ajena a hechos de esta magnitud”, señaló el rector Juan Angel Cerisola. Durante tres meses declararán 120 testigos. Bussi & Menéndez pidieron que Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ministros de Isabel Perón en 1975, expliquen si cuando firmaron el decreto para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” quisieron decir dejarlos fuera de juego o desaparecerlos de la tierra. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que declaren Ernesto Sábado y Magdalena Ruiz Guiñazú, ex miembros de la Conadep, curiosamente en una de las pocas provincias donde una comisión bicameral investigó a fondo la represión ilegal.

Desde la dictadura

Vesubio funcionó como centro de torturas desde agosto de 1975 en un predio del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura. Funcionó en jurisdicción del Primer Cuerpo hasta octubre de 1978. La mayor parte de los secuestrados fueron luego desaparecidos, entre ellos el historietista Héctor Oesterheld y el cineasta Raymundo Gleyser. Otros fueron acribillados en enfrentamientos fraguados, y unos pocos sobrevivieron luego de pasar por otros campos de concentración.

La causa por delitos de lesa humanidad en Vesubio, que dependía del Regimiento III de La Tablada, fue una de las pocas que comenzó a instruirse en plena dictadura, gracias al trabajo del juez Carlos Oliveri, ya fallecido. Tras la anulación de las leyes de impunidad, la instrucción estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas. La causa se elevó a juicio hace más de cuatro años e hizo cola en el TOF-5 porteño hasta marzo, cuando la Cámara de Casación Penal redistribuyó los expedientes que por conexidad se abarrotaban en ese tribunal. El proceso debió comenzar el 15 de diciembre, pero se volvió a postergar ante la posible jubilación de la jueza María Cristina San Martino, que dos meses después aún no se confirmó.

Los militares imputados son el general Héctor Humberto Gamen (84 años) y los coroneles Durán Sáenz (75) y Hugo Idelbrando Pascarelli (81), todos en libertad. Gamen era segundo comandante de la Brigada de Infantería X. Pascarelli era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio. Durán Sáenz, oficial de inteligencia de la Brigada, era el jefe del centro clandestino, donde se hacía llamar “Delta”, y durante años alternó violaciones a secuestradas en su residencia con misas dominicales en familia en la ciudad de Azul, pagos de Alfredo Astiz. También serán juzgados cinco agentes de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, todos presos: Ramón Antonio Erlán (alias Pancho, 65 años), José Néstor Maidana (El Paraguayo, 59), Roberto Carlos Zeoliti (Sapo, 63), Diego Salvador Chemes (Polaco, 57) y Ricardo Néstor Martínez (Pájaro).

El TOF-4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini, los juzgará por 156 privaciones ilegales de la libertad y tormentos (que incluyen los casos de 75 desaparecidos), ocurridos entre abril de 1976 y septiembre de 1978, más 17 homicidios agravados producto de un fusilamiento en Monte Grande, el 24 de marzo de 1977, que el Ejército pretendió hacer pasar por “enfrentamiento con sediciosos”. La acusación estatal estará a cargo de Félix Crous, el fiscal con mayor experiencia en juicios por delitos de lesa humanidad, y está previsto que durante el debate declaren 280 testigos, incluidos 75 sobrevivientes.

Con los procesos que comienzan esta semana suman siete los juicios simultáneos por crímenes de lesa humanidad. Los otros son ESMA, Campo de Mayo II, Atlético-Banco-Olimpo, Quinta de Funes en Rosario y la causa Melitón Bustos en Salta. Para el mes próximo está previsto el inicio de otros tres procesos: en Chaco, por la Masacre de Margarita Belén; en Mendoza, a nueve militares y policías por una veintena de casos, incluido el asesinato de Francisco Urondo; y en La Plata, a un grupo de jefes y torturadores de la Unidad 9, juicio que igual que Vesubio ya sufrió varias postergaciones.